Las grandes eléctricas españolas se encuentran en una encrucijada decisiva. Iberdrola, Endesa y Naturgy están preparando una ofensiva para extender la vida operativa de la central nuclear Almaraz más allá de los cierres pactados en 2027 y 2028. Mientras tanto, Enagás juega una carta ofensiva: negociar el control parcial del operador francés de gas Teréga. Estas jugadas no son meras estrategias de cartera: son movimientos estructurales que condicionan la visión a medio y largo plazo del sector energético en España.
Desde hace tiempo, Iberdrola y Endesa han defendido que la nuclear es una especie de “colchón” para evitar apagones y estabilizar la red eléctrica en momentos críticos. La amenaza de desbalance entre oferta y demanda energéticas las ha impulsado a reclamar que Almaraz no cierre según lo pactado, sino que su vida útil sea prolongada hasta 2030 o incluso más. Para ello, están condicionando esa extensión a una reforma fiscal nuclear: reducción de impuestos, aliviar cargas de residuos y redistribuir los costes del desmantelamiento a lo largo de un horizonte más largo.
No obstante, el Estado ha puesto tres “líneas rojas” incuestionables: la seguridad debe prevalecer, el suministro debe estar garantizado y no debe recaer un sobrecoste para el ciudadano. Hasta ahora, las propuestas de las eléctricas no han logrado sortear esas barreras regulatorias. El Gobierno mantiene una posición firme: cualquier paso hacia atrás conllevará negociación, concesiones técnicas y presión política.
Simultáneamente, Enagás despliega una estrategia expansiva: está negociando adquirir alrededor del 32 % de Teréga, actualmente en manos del fondo GIC. Si cerrara esa operación, Enagás ganaría entrada en el tejido gasista francés y fortalecería su posición para liderar el despliegue del hidrógeno como vector energético clave en Europa. Con la integración de infraestructuras gasistas transfronterizas y el proyecto H2Med como telón de fondo, su apuesta es clara: no sólo ser operador de gas, sino pilar en la transición energética continental.
Para los inversores, estas dinámicas ofrecen señales claras: si las eléctricas logran que la extensión de Almaraz salga adelante, sus flujos de caja futuros mejorarán drásticamente, y la percepción de riesgo regulatorio puede moderarse. Pero si el Estado fuerza el cierre sin negociación, la volatilidad será intensa. Enagás, por su parte, tiene ante sí la oportunidad de diversificar su riesgo fuera de España y captar crecimiento al alza en un mercado emergente como el del hidrógeno, aunque debe lidiar con integración operativa, costes financieros elevados y negociaciones regulatorias complejas en Francia.
Así que, si estás apostando por Iberdrola, Endesa, Naturgy o Enagás, no veas esto como una jugada menor: estamos ante una redefinición del mapa energético español y europeo. Las decisiones regulatorias, la presión política y la capacidad de ejecución serán quienes hagan la diferencia.
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